En unos 15 días podría emitirse una resolución del Ministerio de Salud que prohíbe la venta y aplicación de biopolímeros y sustancias similares de rellenos, conocidas como Pmma, células expansivas, biofill, biosiluet y otros nombres.
El director de Contraloría Sanitaria del Ministerio de Salud, Divis Antúnez, informó
que con esta resolución controlarán el uso de estas sustancias que
generan graves consecuencias en el cuerpo y se han convertido en un
problema de salud pública. El 21 de diciembre pasado, el despacho de
Salud emitió un comunicado en el que se prohibía el uso de estos
productos que carecen de registro sanitario. “Esta resolución tiene un
carácter legal mucho más fuerte”, indicó.
En todo el año la Contraloría Sanitaria ha realizado
5.300 inspecciones en centros estéticos y salas de spa y se han cerrado
más de 240 en todo el país por no contar con los permisos sanitarios y
por aplicar tratamientos con biopolímeros.
Los cierres de estos locales son definitivos, pero Antúnez advierte que
muchos locales no están registrados como sitios en los que se hagan
tratamientos invasivos; también se aplican de forma clandestina, como
pasa en las peluquerías.
“Esta prohibición incluye a los centros estéticos y también a las
personas que los aplican, sean médicos o no”, enfatizó Antúnez.
Una resolución del Ministerio de Salud de 2001 señala
que los tratamientos estéticos invasivos sólo pueden ser aplicados por
cirujanos plásticos o dermatólogos, y los productos que se usen deben
cumplir el registro de las sustancias farmacológicas.
Antúnez señaló que la resolución establecerá la prohibición de la
publicidad sobre estos productos en medios impresos, audiovisuales y
electrónicos, que podrían ser sancionados en caso de que difundan
avisos de este tipo.
El funcionario señaló que la mesa técnica interinstitucional está
evaluando aún la forma de prestar apoyo médico y psicológico a las
víctimas de los biopolímeros, para las que todavía no hay una cura por
no poder extraerse totalmente.
El número de denuncias de afectadas se mantiene en unas 800, pero Antúnez señaló que es difícil estimar la magnitud del problema, que considera de salud pública.
Este año, Taylee Castellanos, que inició una campaña contra las sustancias, logró recopilar los datos de unas mil 300 afectadas.
“Las personas pueden empezar a sufrir las consecuencias de esto muchos
años después y estos son los casos que estamos recibiendo, podríamos
tener un incremento de los casos”. Sobre las estadísticas de
fallecimientos por estos tratamientos, Antúnez señala que tienen 2 reportes de este año y 4 del año pasado.
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